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Forma de gobierno
Art. 1. La Provincia de San Luis, con los límites que históricamente
y por derecho le corresponden y como parte integrante e inseparable
de la Nación Argentina, en ejercicio de los derechos no delegados
al gobierno de la Nación, organiza sus poderes bajo el sistema republicano
democrático y representativo de Gobierno, de acuerdo con los principios,
derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución Nacional.
Soberanía popular
Art. 2.
Todo el poder emana y le pertenece al pueblo de la Provincia de San
Luis, el que se ejerce por medio de sus legítimos representantes en
la forma y modo que establece esta Constitución. También se reconoce
igual legitimidad a otras formas de participación democrática.
Distribución de poderes
Art. 3.
El poder del Estado Provincial está distribuido de acuerdo a lo establecido
en esta Constitución en funciones conforme a las competencias que
ella establece.
Principios del sistema político
Art. 4.
El gobierno y la sociedad sanluiseña basan su acción en la solidaridad,
democracia social, igualdad de oportunidades, ausencia de discriminaciones
arbitrarias, plena participación política, económica, cultural y social
de sus habitantes, y en los principios éticos tradicionales fieles
a nuestro patrimonio cultural.
Sede de las autoridades
Art. 5. Las
autoridades que ejercen el Gobierno residen en la ciudad de San Luis,
Capital de la provincia.
Modificación de los límites
Art. 6.
Para modificar los límites territoriales de la Provincia, por cesión,
anexión o de cualquier otra forma, como igualmente para ratificar
tratados sobre límites que se celebren, se requiere ley sancionada
con el voto de las tres cuartas partes de los miembros que componen
las cámaras legislativas y aprobación por consulta popular, sin cuyos
recaudos no será promulgada.
Culto
Art. 7.
La Provincia coopera al sostenimiento del culto católico, apostólico,
romano. Sin embargo, es inviolable el derecho que todo hombre tiene
para rendir culto a su Dios, libre y públicamente según los dictados
de su conciencia, y sin más limitaciones que las que establezca la
moral, las buenas costumbres y el orden público. El registro del estado
civil de las personas será llevado en toda la Provincia por funcionarios
civiles, sin distinción de creencia religiosa, en la forma que la
ley establezca.
Delegación de poderes y funciones
Art. 8.
Ningún magistrado o funcionario público puede delegar sus funciones
en otra persona, ni un poder delegar en otro sus facultades constitucionales,
bajo pena de nulidad, salvo en los casos expresamente previstos por
esta Constitución.
Publicidad de los actos de gobierno
Art. 9. Todos
los actos de gobierno deben ser publicados en la forma, medio y modo
que la ley determina, garantizando su plena difusión; en especial
aquellos relacionados con la percepción, gastos e inversión de la
renta pública y toda enajenación o afectación de bienes del Estado
Provincial. La violación a esta norma produce la nulidad absoluta
del acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades políticas,
civiles y penales que le correspondan a los intervinientes en el acto.
Declaración de inconstitucionalidad
Art. 10.
Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contraria a la ley suprema
de la Nación o a esta Constitución, carece de valor y los jueces deben
declarar su inconstitucionalidad en juicio, aún cuando no hubiere
sido requerido por las partes. La inconstitucionalidad declarada por
el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia debe ser comunicada
formal y fehacientemente a los poderes públicos correspondientes,
a los fines de sus modificaciones y adaptaciones al orden jurídico
vigente.
Límites de la reglamentación - Derechos
implícitos
Art. 11. Todos
los habitantes gozan de los derechos y garantías consagrados por esta
Constitución de conformidad con las leyes que reglamentan razonablemente
su ejercicio. Los principios, declaraciones, derechos y garantías
contenidos en ella no pueden ser alterados por disposición alguna.
Tales enunciaciones no son negatorias de otros derechos y garantías
no enumerados, pero que nacen de la libertad, igualdad y dignidad
de la persona humana, de los requerimientos de la justicia social,
de principios de la democracia, de la soberanía del pueblo, de la
forma republicana de gobierno, de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y los tratados universales o regionales de derechos
humanos ratificados por la Nación. Tampoco se ha de entender como
negación de los derechos que la Constitución Nacional acuerda a los
habitantes de la Nación los cuales quedan incorporados a esta Constitución.
Responsabilidad del Estado
Art. 12.
La Provincia puede ser demandada sin requisitos previos. Si fuese
condenada a pagar suma de dinero, sus rentas pueden ser embargadas
cuando la Legislatura no haya arbitrado el medio para efectivizar
el pago dentro de los seis meses de la fecha en que la sentencia condenatoria
quede firme. En ningún caso los bienes afectados a servicios públicos,
pueden ser embargados.
Respeto y protección de la vida
Art. 13. La
vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral
de la persona son intangibles. Su respeto y protección es deber de
todos y en especial de los poderes públicos. Evitar la desaparición
forzada de personas es deber indelegable y permanente del Estado Provincia.
Torturas
Art. 14.
Nadie puede ser sometido a tortura, ni a tratos crueles, degradantes
o inhumanos. Todo acto de esta naturaleza hace responsable a la autoridad
que lo realice o permita. También es responsable la autoridad que
por negligencia en sus funciones, produzca efectos similares. No excusa
de esta responsabilidad la obediencia debida. El Estado repara los
daños provocados. Los funcionarios cuya culpabilidad es demostrada,
respecto a los delitos mencionados en el presente artículo, son sumariados
y exonerados del servicio al que pertenezcan, sin perjuicio de las
penas que por ley les correspondan.
De la libertad y respeto a la persona
humana
Art. 15.
Nadie puede ser privado de su capacidad jurídica, de su nombre, de
su nacionalidad originaria o adquirida, por causas políticas o sociales.
Nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado
de lo que ella no prohibe. Ningún servicio personal es exigible sino
en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Las acciones privadas
de los hombres que no afecten el orden y la moral pública ni perjudiquen
a terceros, están exentas de la autoridad de los magistrados. Los
poderes públicos garantizan el derecho a la paz, la intimidad y la
privacidad de la persona humana. En la Provincia no rigen más inhabilidades
que las que establecen esta Constitución y los tribunales por sentencia
firme.
Igualdad ante la ley
Art. 16.
Todos los habitantes tienen idéntica dignidad social y son iguales
ante la ley, sin distinción de sexo, origen étnico, idioma, religión,
opiniones políticas y condiciones sociales, no existiendo fueros personales
ni títulos de nobleza. Deben removerse los obstáculos de orden económico
y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los
habitantes, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la
efectiva participación de todos los habitantes en la organización
política, económica y social de la Provincia.
Derecho de petición
Art. 17.
Establécese el derecho de peticionar a las autoridades, que puede
ser ejercido individual o colectivamente. La publicación de dichas
peticiones no da lugar a la aplicación de penalidad alguna a los que
la formulen. La autoridad a la que se haya dirigido la petición, está
obligada a hacer conocer por escrito al peticionario la resolución
pertinente, que debe producir de acuerdo a la ley y bajo las penalidades
que se determinen legislativamente.
Derecho de reunión y de manifestación
Art. 18. Queda
asegurado a todos los habitantes de la Provincia el derecho de reunión
con fines pacíficos para tratar asuntos de cualquier índole sin que
sea necesario solicitar permiso a ninguna autoridad y sólo dar aviso
previo para reuniones en lugares públicos abiertos. Asimismo queda
asegurado el derecho a manifestar públicamente en forma individual
o colectiva.
Sedición
Art. 19
Nadie puede atribuirse la representación ni los derechos del pueblo,
ni peticionar en su nombre, Los que lo hacen cometen delito de sedición.
Libertad de tránsito
Art. 20.
Todos los habitantes del País tienen derecho a entrar, permanecer,
transitar y salir del territorio de la Provincia, llevando sus bienes
sin perjuicio de terceros.
Libertad de expresión y derecho de
información
Art. 21.
Es inviolable el derecho que toda persona tiene de expresar libremente
sus ideas y opiniones y de difundirlas por cualquier medio, sin censura
de ninguna clase. Ninguna ley ni autoridad puede restringir la libre
expresión y difusión de las ideas, ni trabar, impedir ni suspender
por motivo alguno el funcionamiento de los talleres de impresión,
difusoras radiales, televisivas y demás medios idóneos para la emisión
y propagación del pensamiento, ni secuestrar maquinarias o enseres,
ni clausurar sus locales, salvo por resolución judicial. Aquel que
abuse de este derecho es responsable de los delitos comunes en que
incurre a su amparo y de la lesión que cause a quienes resulten afectados.
Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho al libre acceso
a las fuentes públicas de información. La libertad de expresión comprende
también el derecho de las publicaciones a obtener los elementos necesarios
a tal fin, y la facultad que tiene toda persona a la réplica o rectificación
ante una referencia o información susceptible de afectar su reputación
personal, la que debe publicarse gratuitamente, en igual forma y con
el mismo medio utilizado. Una ley especial asegura la protección debida
a toda persona o entidad contra los ataques a su honra, reputación,
vida privada o familiar, cuando ésta es lesionada por cualquiera de
los medios de difusión determinados en este artículo. Todos los habitantes
de la Provincia tienen derecho a tomar conocimiento de lo que de ellos
conste en registro de antecedentes personales e informarse sobre la
finalidad a que se destinan dichos registros y la fuente de información
en que se obtienen los datos respectivos.
Derecho de asociarse
Art. 22.
Queda asegurada en la Provincia la constitución de asociaciones que
no contraríen el bien común, el orden público o la moral. Sólo pueden
ser intervenidas conforme a la ley y tienen los recursos correspondientes
ante la justicia. Ninguna asociación es disuelta en forma compulsiva
sino en virtud de sentencia judicial, en los casos y los modos que
la ley establece.
Admisión e incompatibilidad en el
empleo público. Estabilidad
Art. 23.
Todos los habitantes de la Provincia, sin distinción de sexo son admisibles
en los empleos públicos sin otra condición que la idoneidad. Los empleos
públicos para los que no se establece otra forma de elección o nombramiento
en esta Constitución o en las leyes especiales son provistos por concurso
de oposición y antecedentes que garantizan la idoneidad para el cargo.
A estos empleados se les reconoce el derecho a la estabilidad, a la
sede o lugar de residencia para su desempeño cuando la exigencia del
servicio lo permita, al escalafón y a la carrera administrativa, esta
última según se reglamenta en la ley respectiva. Una misma persona
no puede acumular dos o más empleos a sueldo, aún que uno sea Provincial
y el otro u otros nacionales o municipales, con excepción de los cargos
docentes o los de carácter técnico-profesional, cuando la escasez
de personal hace necesaria esta última acumulación. La caducidad es
automática en el empleo o función de menor cuantía, quedando a salvo
la facultad de opción del interesado.
Actividad política de los empleados
públicos
Art. 24. La
ley no puede impedir la actividad política de los empleados públicos
fuera del ejercicio de sus funciones.
Responsabilidad funcional
Art. 25. La
Provincia no es responsable de los actos que sus funcionarios practican
fuera de sus atribuciones. Son solidariamente responsables respecto
del daño causado, los que ordenan y aceptan actos manifiestamente
inconstitucionales de cualquier especie.
Honestidad de magistrados, funcionarios
y empleados
Art. 26. Ningún
magistrado, funcionario electivo o no, o empleado perteneciente a
cualquiera de los poderes públicos, puede valerse de su cargo para
realizar especulaciones, o interesarse directa o indirectamente o
por persona interpuesta en cualquier contrato u operación en beneficio
propio o de un tercero. La violación de este precepto hace incurrir
al responsable en mal desempeño de sus funciones. Los funcionarios
integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo están obligados
a manifestar sus bienes, al ingreso y egreso de la función. Lo hacen
por sí, su cónyuge y familiares a cargo por ante la Escribanía General
de Gobierno.
Remuneraciones extraordinarias
Art. 27.
No puede dictarse ley ni decreto que tenga por objeto acordar remuneración
extraordinaria a ninguno de los miembros, funcionarios o empleados
de los poderes públicos por servicios prestados, o que se les encargan
en el ejercicio de sus respectivas funciones y atinentes a las mismas,
o a los que contratan con el Estado en cualquier forma, fuera de las
justas compensaciones que el presupuesto o leyes especiales les concedan.
Deber y derecho de vindicación
Art. 28.
Todo funcionario público o empleado de la administración a quien se
le imputan delitos cometidos en el desempeño de sus funciones está
obligado a acusar para vindicarse, bajo pena de destitución, y goza
del beneficio del proceso gratuito.
Enjuiciamiento de funcionarios y empleados
Art. 29.
Los funcionarios y empleados públicos no sujetos a juicio político
u otro especial establecido por esta Constitución, son judiciables
ante los tribunales ordinarios por el abuso que cometen en el ejercicio
de sus funciones, sin que puedan excusarse de contestar ni declinar
jurisdicción alegando orden o aprobación superior.
Validez de los nombramientos
Art. 30.
Los nombramientos de empleados o funcionarios que hacen los poderes
públicos prescindiendo de los requisitos enumerados o exigidos por
esta Constitución, carecen de valor y, en cualquier tiempo pueden
esos empleados ser removidos de sus cargos.
Inviolabilidad de domicilio
Art. 31.
El domicilio se considera como asilo. Es inviolable la vida privada
y familiar de la persona. No se puede efectuar registro domiciliario
alguno sino en virtud de orden escrita de juez competente, en los
casos y forma determinada por ley, siempre en presencia de representante
del Poder Judicial o contralor de su morador o testigo. Sin perjuicio
de su responsabilidad penal, los infractores del precepto anterior
están además obligados a indemnizar íntegramente a la persona dañada,
conforme a la ley. La ley limita el uso de la informática para preservar
el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el
pleno ejercicio de sus derechos.
Allanamiento
Art. 32.
Toda orden de allanamiento de domicilio debe ser expedida por autoridad
judicial competente y con las formalidades que determine la ley. La
medida se ejecuta en horas de luz natural, salvo que el juez autorice
expresamente hacerlo en horas nocturnas.
Inviolabilidad de comunicaciones y
papeles privados
Art. 33.
Los papeles particulares, la correspondencia epistolar, las comunicaciones
telegráficas, telefónicas, teletipeado o de cualquier otra especie
o por cualquier otro medio de comunicación, son inviolables y nunca
puede hacerse registro de las mismas, examen o intercepción sino conforme
a las leyes que se establecen para casos limitados y concretos. Los
que son sustraídos, recogidos u obtenidos en contra de las disposiciones
de dichas leyes, no pueden ser utilizados en procesos judiciales o
administrativos.
Allanamiento de estudios profesionales
y lugares de culto
Art. 34.
No pueden allanarse los estudios de profesionales, sin control del
Colegio respectivo de la jurisdicción para el resguardo del secreto
profesional; ni las iglesias ni demás locales públicos y registrados
de culto, sin control de la autoridad religiosa respectiva, para su
debido respeto. Queda garantizado el resguardo al secreto profesional
y a la confesión religiosa.
Derecho de propiedad
Art. 35.
La propiedad es inviolable. Todos los habitantes tienen derecho a
la propiedad de sus bienes. La propiedad privada tiene una función
social y, en consecuencia, está sometida a las obligaciones que establece
la ley con fines de bien común. Nadie puede ser privado de ella sino
en virtud de sentencia fundada en ley y de expropiación por causa
de utilidad pública, la que es calificada por ley y previamente indemnizada.
Juegos de azar
Art. 36. Queda
prohibido el establecimiento público de juegos de azar. La ley puede
autorizar juegos de azar, patentes de lotería y casinos en lugares
de turismo; el producto de los juegos que son autorizados, se destinan
exclusivamente a fines de asistencia social, mejoramiento de las condiciones
de vida de la población y fomento del deporte y turismo.
Participación política
Art. 37. Todo
ciudadano tiene derecho al sufragio. Puede criticar, adherir, recibir
o emitir información de carácter político, de manera individual o
colectiva, sin ser molestado por ello; conformar organizaciones Políticas
con los requisitos establecidos por ley, tomar parte en la vida política
y tener acceso en condiciones de igualdad y libertad; a las funciones
públicas.
Partidos políticos
Art. 38.
Se reconoce y asegura la existencia de los partidos políticos como
personas jurídicas de derecho público no estatal. Las candidaturas
para cargos que se proveen mediante elección popular son nominadas
exclusivamente por los partidos políticos. Deben garantizar la democracia
participativa en su desarrollo institucional. Los partidos contribuyen
democráticamente a la formación de la voluntad popular expresando
el pluralismo político. El Estado garantiza y promueve su libre acción.
Principio de inocencia
Art. 39.
Toda persona es inocente mientras no sea declarada su culpabilidad
por sentencia firme de juez competente, dictada en debido proceso,
ni puede ser penada o sancionada por acciones u omisiones que, al
momento de producirse, no constituyen delito, falta o contravención.
Todos tienen derecho a ser juzgados por juez previamente competente.
Nadie puede ser juzgado o investigado por comisiones o tribunales
especiales, sea cual fuere la denominación que se les dé. Nadie puede
ser acusado o juzgado dos veces por un mismo delito, falta o contravención.
La ley penal más benigna se aplica retroactivamente. Ninguna norma,
posterior al hecho de la causa, puede agravar la situación del imputado,
procesado o condenado. La duda actúa en favor del imputado.
Detención de las personas
Art. 40.
Ninguna persona, salvo en el caso de flagrante delito, puede ser privada
de su libertad ambulatoria o sometida a alguna restricción de la misma,
sin orden escrita de autoridad competente en virtud de grave sospecha
o indicios vehementes de la existencia de hecho punible y motivos
fundados de su presunta culpabilidad. Las medidas de seguridad personal
sobre un imputado o procesado que esta Constitución autoriza, son
siempre de carácter excepcional. En ningún caso la aprehensión, el
arresto, la detención o la prisión preventiva, se cumplen en las cárceles
públicas destinadas a penados, ni pueden éstos ser enviados a establecimientos
fuera del territorio de la Provincia; tampoco pueden prolongarse,
las tres primeras, por más de veinticuatro horas sin ser comunicadas
al juez competente, poniendo a su disposición al detenido y los antecedentes
del caso, y la última, más allá del término fijado por la ley para
la finalización del procedimiento, salvo sentencia condenatoria dictada
con anterioridad a dicho término. Caso contrario recupera inmediatamente
su libertad. Toda persona arrestada o detenida, es notificada por
escrito en el momento que se hace efectiva la medida, de la causa
de la misma, autoridad que la dispuso y lugar donde es conducida,
dejándosele copia de la orden y del acta labrada, a más de darse cuenta
dentro de las veinticuatro horas a un familiar del detenido o a quien
éste indique a los efectos de su defensa. Dentro de las cuarenta y
ocho horas de tomarle la declaración indagatoria al imputado, se dicta
el auto de prisión preventiva o se decreta la libertad del mismo,
El imputado puede pedir por escrito, después de la indagatoria y antes
de la resolución judicial a que se alude en el párrafo anterior, la
prórroga de su detención por un plazo máximo de ocho días si estima
que ello favorece a su defensa. Puede excarcelarse o eximirse de prisión
al imputado o procesado por un delito, con o sin fianza. La ley establece
los casos y las modalidades de la misma.
Custodia de presos
Art. 41.
Todo encargado de la custodia de presos debe al recibirlos exigir
y conservar en su poder la orden de detención; caso contrario, es
pasible de las sanciones previstas por la ley vigente. La misma obligación
de exigir la indicada orden, bajo igual responsabilidad, incumbe al
ejecutor del arresto o detención.
Hábeas Corpus
Art. 42. Toda persona detenida
sin orden emanada en legal forma de autoridad competente, o a quien
arbitrariamente se le niegue, prive, restrinja o amenace en su libertad,
puede por sí o por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato,
valiéndose de cualquier medio de comunicación y a cualquier hora,
promover acción de hábeas corpus ante el juez letrado más inmediato,
sin distinción de fuero ni de instancia, a fin de que ordene su libertad,
o que se lo someta a juez competente, o que haga cesar inmediatamente
la suspensión, privación, restricción o poder de autoridad pública.
La acción de hábeas corpus puede instaurarse sin ninguna formalidad
procesal. El Juez, dentro de las veinticuatro horas examina el caso
y hace cesar inmediatamente la afectación, si ésta no proviene de
autoridad competente, o si no cumple los recaudos constitucionales
y legales. Dispone asimismo las medidas para que el juez competente
juzgue sobre la responsabilidad de quien expidió la orden o ejecutó
el acto. Cuando un juez esté en conocimiento de que alguna persona
se halle arbitrariamente detenida, confinada o amenazada en su libertad
por un funcionario, un particular o un grupo de éstos, debe expedir
de oficio el mandamiento de hábeas corpus. El Juez de hábeas corpus
ejerce su potestad jurisdiccional por sobre otro poder o autoridad
pública. Todo funcionario o empleado sin excepción de ninguna clase,
est obligado a dar inmediato cumplimiento a las órdenes que imparte
el Juez de hábeas corpus. La ley establece las sanciones que correspondan
a quienes rehusen o descuiden ese cumplimiento.
Defensa en juicio
Art. 43.
Es inviolable la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento
judicial o administrativo. Esta garantía no admite excepciones. Nadie
puede ser obligado a declarar en causa penal contra sí mismo, su cónyuge,
ascendiente, descendientes o hermanos. No puede atribuirse a la confesión
hecha ante la policía, valor probatorio. Es penada toda violencia
física o moral, debidas a pruebas psicológicas o de cualquier otro
orden que altere la personalidad del individuo, sujeto o no a alguna
restricción de su libertad. Queda abolido el secreto del sumario para
las partes intervinientes. No puede ser incomunicado ningún detenido,
salvo que medie resolución fundada del juez competente, en los casos
y en las formas que la ley determine, no pudiendo exceder en ningún
caso de cuarenta y ocho horas. Quedan asegurados a los indigentes,
los medios para actuar y defenderse en cualquier jurisdicción o fuero.
Cárceles
Art. 44.
Las cárceles de la Provincia deben ser sanas y limpias para seguridad
y rehabilitación. No pueden tomarse medidas que a pretexto de precaución,
conduzcan a mortificar a los internos. No existen en las cárceles
pabellones de castigo sino de corrección. No se aplican sanciones
que impliquen disminución de ración alimentaria, agua, retiro de ropa
y abrigo y destrucción de bienes de cualquier tipo, propiedad de los
internos. Es deber del Estado crear establecimientos para encausados,
contraventores y simples detenidos; garantizando la privacidad de
los internos, el vínculo familiar y sus necesidades psicofísicas y
culturales básicas. La violación de las garantías expuestas es severamente
castigada, no pudiendo el personal correccional de ningún grado ampararse
en la eximente de la obediencia debida.
Acción de amparo
Art. 45.
Procede la acción de amparo contra todo acto u omisión de autoridad,
órganos o agentes públicos, de grupo organizado de personas y de particulares
que en forma actual inminente, lesione, restrinja, altere o amenace,
con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, algún derecho individual
o colectivo, o garantía explícita o implícitamente reconocidos por
la Constitución Nacional o Provincial, siempre que sea necesaria la
reparación urgente del perjuicio, la cesación inmediata de los efectos
del acto o la prohibición de realizar un acto ilegal y la cuestión,
por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos
establecidos por la ley, o no resulte eficaz hacerlo. El juez del
amparo ejerce su potestad jurisdiccional por sobre todo otro poder
o autoridad pública. Todo funcionario o empleado, sin excepción de
ninguna clase, está obligado a dar inmediato cumplimiento a las órdenes
que imparte el juez de amparo. La ley reglamenta la forma sumarísima
de hacer efectiva esta garantía.
Amparo por mora
Art. 46.
Toda persona que sufra un perjuicio material, moral o de cualquier
naturaleza, por incumplimiento del deber que una ley u ordenanza imponga
a un funcionario o entidad pública en forma expresa o determinada,
puede demandar ante el juez competente, la ejecución inmediata del
o los actos que el funcionario o entidad pública rehuse cumplir. El
juez, previa comprobación sumarísima de los hechos denunciados y el
derecho invocado, libra el mandamiento encaminado a exigir el cumplimiento
inmediato del deber omitido.
Medio ambiente y calidad de vida
Art. 47. Los
habitantes tienen derecho a un ambiente humano de vida salubre y ecológicamente
equilibrado y, el deber de conservarlo. Corresponde al Estado Provincial
prevenir y controlar la contaminación y sus efectos y las formas perjudiciales
de erosión; ordenar el espacio territorial de forma tal que resulten
paisajes biológicamente equilibrados. Crear y desarrollar reservas
y parques naturales así como clasificar y proteger paisajes, lugares
y especies animales y la preservación de valores culturales de interés
histórico o artístico. Toda persona por acción de amparo puede pedir
la cesación de las causas de la violación de estos derechos. El Estado
debe promover la mejora progresiva de la calidad de vida de todos
los habitantes de la Provincia.
De la familia
Art. 48.
La familia como núcleo primario y fundamental de la sociedad, es objeto
de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus
derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento
de sus fines. El Estado concede subsidios y otros beneficios para
amparar la familia numerosa carenciada. Debe contemplarse especialmente
la situación de la madre soltera y su acceso a la vivienda. Es deber
del Estado crear e instalar tribunales especiales con competencia
sobre la familia y la minoridad.
De la infancia
Art. 49.
El Estado protege a la persona humana, desde su concepción hasta su
nacimiento y, desde éste, hasta su pleno desarrollo. Provee a la atención
del menor, garantizando su derecho a la educación y a la asistencia,
sin perjuicio del deber de los padres y del accionar subsidiario de
las sociedades intermedias, y la atención física y espiritual de la
niñez y juventud. La Provincia asegura con carácter indelegable, la
asistencia a la minoridad desprotegida y carenciada. Debe adoptar
medios para que la internación de menores en institutos especializados,
sea el último recurso a emplear en su tratamiento. Para ello, fomenta
la creación de centros de acción familiar en estrecha relación con
la comunidad, que colaboren en la acción protectora de la minoridad.
Es obligación del Estado Provincial atender a la nutrición suficiente
de menores hasta los seis años y, crear un registro de la minoridad
carenciada a efectos de individualizar los beneficiarios.
De la juventud
Art. 50.
El Estado impulsa la participación de la juventud, en la construcción
de una sociedad más justa, moderna y democrática. Para ello debe contemplar
su educación en las áreas políticas, sociales, culturales y económicas.
En las zonas rurales, facilitar el arraigo a través del acceso y permanencia
en la educación, capacitación laboral y trabajo.
De la tercera edad
Art. 51.
El Estado asegura a los hombres de la tercera edad una protección
integral que re valorice su rol como protagonista de esta sociedad.
Propicia una legislación que contemple los múltiples aspectos que
se plantean en el ámbito familiar, estimulando planes y programas
que tiendan a su asistencia plena, por cuenta y cargo de sus familiares.
En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección,
ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones
creadas o que se crearon con ese fin; a una atención de carácter familiar,
a establecimientos especiales enfocados con mentalidad preventiva,
a los hogares o centros de día, a la asistencia integral domiciliaria,
al acceso a la vivienda a través del crédito de ampliación, de adjudicación
en propiedad y/o comodato de por vida, a promover su reinserción laboral
a los fines de laborterapia y aprovechamiento de su experiencia y
capacitación.
De los discapacitados
Art. 52.
Los poderes públicos brindan a los discapacitados físicos, sensoriales
y/o psíquicos, la asistencia apropiada, con especial énfasis en la
terapia rehabilitadora y en la educación especializada. Se los ampara
para el disfrute de los derechos que les corresponden como miembros
plenos de la comunidad.
De la vivienda
Art. 53. Los
poderes públicos facilitan el acceso de los sectores de menores ingresos
a una vivienda digna.
Seguridad social
Art. 54.
La seguridad social cubre las necesidades esenciales de las personas
frente a las contingencias limitativas en su vida individual o social.
El Estado fiscaliza el efectivo cumplimiento de las normas relativas
a la seguridad social y, estimula los sistemas e instituciones creados
por la comunidad, con el fin de superar sus carencias.
Seguro social
Art. 55.
El seguro social se extiende a toda la población y tiene el carácter
de integral e irrenunciable, coordinándose la acción y legislación
Provincial con la nacional. Los interesados participan en el gobierno
del sistema que establece la ley.
Régimen previsional
Art. 56.
El régimen jubilatorio Provincial es único para todas las personas
y asegura la equidad y, la inexistencia de privilegios que importen
desigualdades que no respondan a causas objetivas y razonables. El
haber previsional es móvil y guarda estrecha relación con la remuneración
del mismo cargo en actividad. El Estado garantiza que la jubilación
ordinaria sea, como mínimo el ochenta y dos por ciento móvil de la
remuneración correspondiente al cargo, oficio o función por el que
haya optado el beneficiario, según la ley y que los demás beneficios
sean discernidos en adecuada proporción con aquella. Se considera
remuneración, todo ingreso que perciba el titular del carga en actividad,
a los fines de determinar proporcionalmente el haber previsional que
corresponda.
Régimen de salud
Art. 57. El concepto de salud
es entendido de manera amplia, partiendo de una concepción del hombre
como unidad biológica, psicológica y cultural en relación con su medio
social. El Estado garantiza el derecho a la salud, con medidas que
lo aseguran para toda persona, sin discriminaciones ni limitaciones
de ningún tipo. La sociedad, el Estado y toda persona en particular,
deben contribuir con medidas concretas y, a través de la creación
de condiciones económicas, sociales, culturales y psicológicas favorables,
a garantizar el derecho a la salud. El Estado asigna a los medicamentos
el carácter de bien social básico y procura el fácil acceso a los
mismos. Confiere dedicación preferente a la atención primaria de la
salud, medicina preventiva y profilaxis de las enfermedades infectocontagiosas.
Tiene el deber de combatir las grandes endemias, la drogadicción y
el alcoholismo. La actividad de los trabajadores de la salud debe
considerarse como función social, reconociéndoseles el derecho al
escalafón y carrera técnico-administrativa, de conformidad con la
ley. El Estado propende a la modernización y tratamiento interdisciplinario
en la solución de los problemas de salud mediante la capacitación,
formación y la creación de institutos de investigación.
Derechos y garantías del trabajador
Art. 58.
Todo habitante tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su
ocupación. El trabajo es considerado como actividad básica para satisfacer
las necesidades espirituales y materiales de la persona humana, de
su familia y en la construcción del bien común. El Estado Provincial
en la esfera de sus poderes, protege al trabajador y al trabajo en
todas sus formas y aplicaciones y en particular vela por el goce de
los derechos que la Constitución y las leyes nacionales reconocen
al trabajador, propugnando el pleno empleo y estimulando la creación
de nuevas fuentes de trabajo. Promueve y facilita la colaboración
entre empresas y trabajadores y la solución de los conflictos laborales
individuales o colectivos por la vía de la conciliación obligatoria
y del arbitraje, como mediante el establecimiento de tribunales especializados
con un procedimiento breve y expedito. El Estado procura se reconozcan
al trabajador:
Una retribución mínima vital móvil,
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia.
El derecho a la retribución de
su trabajo según la cantidad, naturaleza y calidad del mismo, con
observancia del principio: a trabajo igual salario igual, reconociendo
el que realiza el ama de casa.
Su formación cultural, técnica
y profesional, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.
La seguridad en el empleo y su
derecho a indemnizaciones por despido arbitrario y falta de preaviso,
quedando prohibidos los despidos por motivos políticos, gremiales,
ideológicos o sociales.
El derecho a la asistencia material
de quienes se encuentran temporal e involuntariamente en situación
de desempleo.
El derecho a la obtención de una
jubilación digna y móvil con un haber que permita mantener el nivel
de vida precedente.
El derecho a estar representado
en los organismos colegiados que administren fondos provenientes de
aportes que se efectúen para el otorgamiento de beneficios previsionales
sociales y de otra índole.
Derecho a la participación en las
ganancias en las empresas con control de producción y colaboración
o cogestión en la dirección. En las normas que la autoridad competente
dicte sobre las condiciones en que el trabajo se realiza se ha de
tener en cuenta que :
El trabajo manual e intelectual
poseen idéntica dignidad social.
El trabajo nocturno ha de ser mejor
remunerado que el diurno.
Se otorgue una esencial protección
al menor que trabaja, quedando prohibido el trabajo de los menores
de dieciséis años en actividad incompatible con su edad.
Se limita la duración de las jornadas
de trabajo en razón de edad y naturaleza de la actividad laboral.
Se garantice el descanso semanal,
las vacaciones periódicas remuneradas, y el bienestar en el trabajo,
de tal manera que la salud y la moral estén debidamente preservadas
Los trabajos peligrosos e insalubres deben ser convenientemente regulados
y controlados.
La vivienda que se proporciona
al trabajador debe ser higiénica funcional y resistente.
Procedimiento laboral
Art. 59.
Las actuaciones ante la justicia laboral son gratuitas para el trabajador
o sus descendientes y las entidades gremiales. Se propende a que el
procedimiento sea oral, sumario y substanciado ante tribunales laborales
colegiados, con las limitaciones en materia de recursos que señale
la ley. En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales,
prevalece la más favorable al trabajador, considerándose la norma
o conjunto de normas que rija cada una de las temáticas del derecho
del trabajo. Si la duda recae en la interpretación o alcance de la
ley laboral, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos,
los jueces o encargados de aplicarla se deciden en el sentido más
favorable al trabajador.
Derechos gremiales
Art. 60.
Los trabajadores y los dirigentes gremiales no pueden ser discriminados
ni perjudicados por sus actividades gremiales. Las organizaciones
profesionales o gremiales son reconocidas jurídicamente para el ejercicio
de los derechos y el cumplimiento de los deberes que establecen las
leyes de la Nación y de la Provincia. Los sindicatos no pueden ser
intervenidos, ni sus sedes clausuradas, ni sus fondos bloqueados,
sino por orden del juez competente. Se procura sean reconocidos a
los sindicatos los siguientes derechos:
De concretar contratos o convenios
colectivos de trabajo, por los gremios más representativos de cada
rama, los que tendrán fuerza de ley.
De huelga, como medio de defensa
de los derechos de los trabajadores y de sus garantías sociales. No
se puede tomar contra los participantes de ella ninguna medida represiva,
mientras no pongan en peligro evidente la seguridad de la población.
De ejercicio pleno y sin trabas
de la gestión de los dirigentes sindicales, la estabilidad en sus
empleos y la licencia sindical.
De que los dirigentes gremiales
no sean molestados por las opiniones que manifiesten o por las decisiones
que adopten en el desempeño de sus cargos, ni interrogados, reconvenidos
o procesados en ningún tiempo por tales causas.
Tampoco pueden ser perseguidos
ni arrestados durante todo su mandato, por sus actividades sindicales,
es decir se establece para su protección el fuero sindical.
Policía de trabajo
Art. 61. El
Estado crea por ley el organismo administrativo de aplicación, para
ejercer el derecho indelegable de control o policía del trabajo. Por
intermedio de esta dependencia se asegura el fiel cumplimiento en
todo el territorio de la Provincia, de las leyes laborales, previsionales
y, las convenciones colectivas de trabajo.
CAPITULO
II
DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN
Y LA DEMOCRACIA
Subversión del orden institucional - Reforma constitucional
Art. 62.
Toda reforma constitucional que fuere ordenada en época de subversión
institucional o realizada por un poder que no haya sido establecido
conforme con esta Constitución, será nula e inaplicable. El texto
constitucional vigente es repuesto sin necesidad de declaración alguna,
cuando cese la situación irregular.
Observancia de la Constitución
Art. 63.
En ningún caso y por ningún motivo o pretexto, las autoridades de
la Provincia pueden suspender la observancia de esta Constitución,
ni la de la Nación o la efectividad de las garantías establecidas
en ambas.
lnhabilidad
Art. 64. Los
funcionarios públicos que ejercieren funciones de responsabilidad
política, en los poderes de la Nación, de la Provincia y del Municipio,
en regímenes de facto, no pueden a perpetuidad, ocupar cargos públicos
en cualesquiera de los poderes de la Provincia.
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